PARTICIPACIÓN CIUDADANA Más municipios contemplan sumar la banca pública en concejos deliberantes

Bernardo de Irigoyen, San Pedro, San Antonio y Montecarlo no descartan la implementación del instrumento para organizar las sesiones. En Oberá, Eldorado, Aristóbulo y Victoria destacan su uso.

Más comunas se suman a la posibilidad de implementar la banca pública en el ámbito del Concejo Deliberante de sus respectivas localidades, ya que destacan la creciente participación de los ciudadanos en los recintos.

Es que en los deliberativos de Bernardo de Irigoyen, San Pedro y Montecarlo suelen acercarse regularmente los vecinos a plantear distintos pedidos. Ante esta situación, consideran que contar con esta herramienta les posibilitaría “organizar las sesiones y garantizar el debate de temáticas sensibles”.

Mientras que en otras comunas donde ya se encuentra vigente este instrumento, como Oberá, Eldorado, Aristóbulo del Valle y Colonia Victoria, son frecuentes los reclamos que se presentan en relación a problemáticas de tierras, mejoras en los servicios públicos y mayor seguridad.

“La particularidad que tiene el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen es que durante los cuartos intermedios, la gente se expresa tranquilamente. Es una sesión muy abierta, cuando se termina el orden del día, se abre la sesión para que los vecinos planteen reclamos y quejas. Por el momento no vimos la necesidad de regularlo, pero nunca lo descarté, me parece una buena idea”, manifestó el concejal Silvio Novelino.

Señaló que los pedidos que más se repiten -en el caso de esa localidad- son en materia de calidad de servicios públicos. “El reclamo por la falta de agua y el desastre de la luz es constante”, detalló Novelino.

Desde San Pedro indicaron que por el momento no existe un proyecto para la creación de una banca del pueblo, sin embargo comentaron que “una vez por mes los concejales, junto al intendente Miguel Dos Santos, se trasladan a las colonias para escuchar a los vecinos”.

“La última vez fuimos hasta Cruce Caballero, por donde debe pasar el asfalto de la ruta 14, y el principal pedido fue por el agua potable. Tenemos programado ir a Tobuna la próxima vez”, contó el presidente del Concejo sampedrino, Cristian Cristaldo.

De igual manera en San Antonio, si bien no existen restricciones para la participación de los ciudadanos, señalan que contar con esta herramienta permitiría “organizar las presentaciones”.

“Siempre recibimos al pueblo, algunos traen proyectos o acuden a los concejales, no hacemos restricciones. Sí pedimos que dos horas antes de cerrar el orden del día nos acerquen las propuestas o pedidos para poder presentarlos o debatirlos”, señaló el edil Agustín Nol.

Detalló que las exposiciones más comunes son por “el servicio de agua, el nombre de calles o por arreglos en los barrios”.

A su vez, en Montecarlo remarcaron que desde siempre los residentes tienen voz durante las sesiones y pueden opinar levantando la mano. “Los presentes pueden dejar constancia en actas de su opinión y/o propuesta o pueden presentar proyectos a través de un concejal”, señaló el presidente del deliberativo, Hugo Ecke, quien declaró que “por iniciativa de los vecinos, se lograron aprobaron ordenanzas como la prohibición de uso de agrotóxicos y la revisión de tarifas de agua y cloacas”.

Al respecto, el concejal de Cambiemos, Daniel Galarza, apuntó que se realizaron capacitaciones sobre la importancia de contar con una banca pública. “Teníamos en la agenda un proyecto para su creación pero no lo presentamos, había otra propuesta para audiencias públicas pero no avanzó. Es cierto que la gente se acerca y presenta su opinión, sin embargo en otros casos -como en el tema del aumento de boleto de transporte urbano- necesitamos contar con herramientas más amplias”, advirtió Galarza, el único concejal opositor de la comuna.

Añadió que “si bien el espacio se le da a los vecinos, es necesario tener estos instrumentos para tratar temas más sensibles, generar un debate con todos los sectores y garantizar que el ciudadano esté representado”.

Para el pueblo

El Concejo Deliberante de Oberá aprobó en 1997 la Ordenanza 38 para la creación de la banca pública. En consecuencia, desde hace 20 años los obereños cuentan con la posibilidad de hacer uso de este instrumento de representación.

La iniciativa establece que a través de la banca pública “un ciudadano puede expresar una opinión, realizar un reclamo, fundamentar una propuesta, en tanto el tema cuya exposición desee esté en consonancia con los objetivos que establece su creación”. Eso sí, “no se puede utilizar con contenidos políticos partidarios”.

Tras dos décadas, sucede que, si bien la herramienta existe, “no es habitual su utilización”, ya que “desde su creación hasta la actualidad no se habrá pedido más de diez veces”, coincidieron los empleados más antiguos del Concejo.

Uno de los primeros en hacer uso de ella fue el odontólogo Aníbal Santander. “Lo hice porque entendí que era necesario regular el desorden de cables y postes en la vía pública. Expuse que las empresas de telefonía, cable y electricidad podían compartir postes para que no haya tantos”, contó Santander. “Hubo un intento de colocar más postes, pero como salí a quejarme, desistieron”, relató.

A todo esto, el presidente del Deliberativo actual, Ariel Chaves, adelantó que ya hay un nuevo inscripto para hacer uso de la banca pública en Oberá.

“La reglamentación impone que la exposición debe ser antes de la sesión ordinaria. Fijamos una fecha para el 16 de mayo próximo, y ahí recibiremos al vecino Miguel Morales”, anticipó.

Principales planteos

La banca pública surge de la “necesidad de establecer un espacio formal dentro del Concejo Deliberante destinado a la participación de los ciudadanos”. Así lo establece la ordenanza 061/06 aprobada en Eldorado, desde donde manifestaron que “cada sesión de por medio” se requiere hacer uso de la herramienta.

Entre los requisitos básicos, según la reglamentación, se exige al interesado identificarse o adjuntar el mandato -si lo hace en representación de organizaciones- además de que plantee por escrito las cuestiones que se proponga tratar con sus correspondientes fundamentaciones.

“En Eldorado está regulada la banca del pueblo desde 2006, se pide previo a la sesión un espacio de cinco minutos para la presentación del tema. Muchas veces los vecinos vienen directamente al Concejo. Cada sesión de por medio se utiliza, ya sea por alguna comisión vecinal o por algún problema individual”, señaló el concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) Héctor Falsone, quien apuntó que las presentaciones más comunes son por “problemas dominiales de tierras”.

“Nosotros presentamos una ordenanza para regular las tierras, como consecuencia de los recurrentes reclamos. La gran dificultad de la cuestión dominial en la comuna es en materia de servicios básicos; comisiones de barrios muy precarios se acercan y piden canillas públicas, en espacios verdes y plazas, porque al no ser titulares no pueden contar con estos servicios”, evidenció.

Añadió que además son recurrentes los pedidos por mayor seguridad en los barrios. “Muchos referentes se acercan a contar sus problemáticas”, aseveró.

Desde Aristóbulo del Valle, donde también funciona la banca pública, manifestaron que los residentes en el municipio se acercan regularmente para transmitir “alguna inquietud”, aunque no se suele recibir proyectos. “Durante la semana pasada estuvieron los integrantes del foro de seguridad de Santo Encantado”, puntualizó Héctor Rolin, edil de la localidad.

En Colonia Victoria, donde se aprobó el año pasado en el Concejo la creación de la banca del pueblo, señalaron que la gente la utiliza muy poco. “Hay mucho desconocimiento al respecto, pero es importante contar con ella”, opinó el presidente del deliberante local, Mariano Portillo.

El próximo en Oberá

En este contexto Miguel Morales, vecino del barrio Sisten Vick de Oberá, reveló que solicitó el uso de la banca pública para exponer dos reclamos relacionados al servicio de transporte público de pasajeros.

“El primero es sobre reglamentación del artículo 19 de la Carta Orgánica, que hace mención a la gratuidad del servicio urbano de pasajeros para los jubilados. Hasta ahora la excusa para no aplicarlos es que se debe definir quién se hace cargo del costo, sin embargo eso ya se ha fijado por ordenanza. Ya me dieron la fecha y tengo casi lista la exposición, estoy en los último detalles”, afirmó.

Sobre el otro tema, Morales precisó que todavía “está reuniendo documentación pertinente. Quiero demostrar la nulidad del contrato actual de la empresa prestataria del servicio de transporte y proponer el llamado a licitación para el servicio. Estoy tratando de fundamentar bien el tema y prepararlo con mucha responsabilidad”, confesó.