POLICIALES. PUERTO RICO. Confirmaron las condenas a los tres narcopolicías

Casi dos años después de recibir una sentencia condenatoria por robar con intenciones de comercializar un total de 123 kilogramos de marihuana incautada en un procedimiento, que estaba guardada en un depósito de la Seccional Primera de Policía de Puerto Rico, confirmaron las penas a los tres narcopolicías y un albañil declarados culpables. El fallo -que se conoció recientemente- corresponde a la Cámara Federal de Casación Penal, y es en contra de las aspiraciones de libertad del ex oficial Miguel Dionisio Rojas (33), condenado a nueve años de cárcel por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas y por su calidad de funcionario público encargado de la represión de los mismos. También afectó a los suboficiales Oscar Javier ‘Loco’ Merlos (38) y Pedro Fernando Betancur (36), sentenciados a siete y seis años respectivamente, en calidad de partícipes necesarios del mismo delito, y al obrero de la construcción Diego Rojas (34). A este último le aplicaron cinco años de prisión, pero como fue declarado reincidente su pena fue unificada con otra anterior por el mismo delito, asentado en Entre Ríos. Fueron los camaristas de la Sala Uno, Eduardo Rafael Riggi, Ana María Figueroa y Liliana Elena Catucci, quienes analizaron el fallo de la instancia inferior a pedido de la defensa de tres de los cuatro condenados, que mostraron disconformidad ni bien concluido el debate en el que también fueron absueltos otros uniformados sospechados de haber participado en la maniobra ilícita. El defensor particular de Rojas, en el recurso interpuesto, había planteado directamente la nulidad de la sentencia "por inobservancia y errónea aplicación de la ley, violación a las reglas de la sana crítica racional y del derecho de defensa en juicio" al entender que "la sentencia resultó inmotivada y contradictoria con el material probatorio producido". En la misma línea cuestionó el defensor oficial de Merlos y Betancur, quien solicitó la nulidad del fallo "por falta de fundamentación". Criticó que "no existió un requerimiento de la Justicia Federal sino una denuncia anónima para iniciar las actuaciones" y por otro lado, calificó como "errónea la aplicación de la ley por el grado de participación enrostrado a sus clientes, puesto que a su modo de ver "nunca tuvieron dominio del hecho y las condenas que recibieron se apoyaron en un único testimonio". Cada uno de los agravios fueron desestimados por los camaristas que se abocaron a analizar si eran correctos tenerlos en cuenta. Se expidieron contrario a las aspiraciones de los misioneros y con eso avalaron completamente no sólo la investigación llevada adelante por el juez federal de Eldorado sino también, lo hecho por los magistrados y fiscal durante el debate oral. "El fallo está exento de vicios o defectos en sus fundamentos capaces de provocar una errónea aplicación de la ley, los que además no han resultado demostrados por la parte impugnante en sus recursos, ni tampoco advertidos después de realizado el esfuerzo impuesto a este Tribunal por la vigente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", dictaminaron. Cuatro condenados En el debate oral desarrollado en varias jornadas de septiembre de 2015 estaban como acusados, además de Rojas, Merlos, Betancur y el albañil Rojas, los también efectivos policiales Milcíades Benítez, Sergio Benítez y Sergio Esquivel, quienes terminaron absueltos por los jueces federales. El más comprometido, desde el principio, era el ex oficial Rojas, a quien el 3 de septiembre de 2012 detuvieron en un yerbal de Puerto Leoni con 123 kilos de marihuana llevados en su auto particular. Luego se supo que esa droga era parte de la que estaba secuestrada en la Seccional Primera de la localidad de Puerto Rico y que el faltante total ascendía a casi una tonelada. Los jueces lo condenaron a nueve años de prisión por considerarlo autor, sumado al agravante de su condición de funcionario público. Justamente, esa misma pena había pedido la fiscal, Vivian Barbosa. Sus otros dos camaradas, con el rango de suboficiales dentro de la fuerza, recibieron penas de siete y seis años como partícipes necesarios porque, estando de guardia el día de la detención de Rojas, facilitaron la extracción de los estupefacientes. Sus aportes fueron fundamentales. Distinto final les correspondió a los restantes efectivos implicados. El suboficial Sergio Benítez que era chofer de la seccional y estuvo un tiempo detenido, fue absuelto por el beneficio de la duda ante la falta de acusación de la fiscalía. Los otros beneficiarios de la medida absolutiva fueron el comisario Esquivel y el subcomisario Milcíades Benítez. Estaban imputados por "incumplimiento de deberes de funcionario público" y llegaron al juicio en libertad. Tampoco habían sido acusados por la fiscal